PROYECTO DE LEY   D- 3362/10-11- 0

MODIFICACION DE LOS ARTICULOS DE LA LEY 13634. FUERO DE FAMILIA Y FUERO PENAL DEL NIÑO.-

Autor: JANO RICARDO JAVIER ( UNION CIVICA RADICAL )

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Honorable Cámara de DIPUTADOS     (D- 3362/10-11)

Fecha de Estado Parlamentario: 14/10/2010

Despachos de Comisiones:

Comisión Fecha de Entrada Fecha Despacho Despacho

NIÑEZ, ADOLESCENCIA , FLIA Y MUJER   14/10/2010

LEGISLACION GENERAL  

ASUNTOS CONSTITUCIONAL.Y JUSTICIA  

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PROYECTO DE LEY

El Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionan con fuerza de

L E Y

 

ARTÍCULO 1º: Modifícanse los artículos 18, 22, 26, 31, 41, 43, 56, 61, 62 y 66 de la Ley 13634, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

ARTÍCULO 18. El Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil estará integrado por:

a)      Salas especializadas en Responsabilidad Penal Juvenil de las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal.

b)      Tribunales de Responsabilidad Penal Juvenil.

c)      Juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil.

d)      Juzgados de Garantías del Joven.

e)      Ministerio Público del Joven.

ARTÍCULO 22. Créanse dos (2) Salas especializadas en Responsabilidad Penal Juvenil en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de cada Departamento Judicial, conformada por tres (3) miembros cada una.

Créanse Juzgados de Garantías del Joven en aquellos Departamentos Judiciales en los que aún no se hubieran formado a la fecha de sancionada la presente Ley.

ARTICULO 26. Las Salas especializadas de las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal entenderán en el recurso de apelación contra las decisiones de la etapa de Investigación Penal Preparatoria, aquellas que durante el trámite del proceso expresamente se declaren impugnables o causen gravamen irreparable y las que se dicten en la etapa de ejecución de la pena, en el recurso contra el fallo previsto en el artículo 61 de la presente Ley, la acción de revisión, y las cuestiones de competencia previstas en el Código Procesal Penal que se susciten entre los Juzgados y/o Tribunales de la Responsabilidad Penal Juvenil.

La Sala que hubiere prevenido en el recurso de apelación no podrá entender en el recurso contra el fallo.

El trámite de los recursos y la acción de revisión no podrá exceder el plazo de seis (6) meses a partir de su radicación o interposición, sin posibilidad de prórroga.

ARTICULO 31. Los Agentes Fiscales y Defensores Oficiales Penales del Joven, tendrán las mismas funciones atribuidas por los artículos 17, 21 y 22 respectivamente de la Ley Nº 12.061 y modificatorias, con la especificidad de serlo respecto de niños. También corresponderá a los Defensores Oficiales controlar toda limitación de la libertad impuesta a un niño, cualquiera fuese la causa, y en su caso, efectuar reclamos ante la autoridad policial o interponer las acciones judiciales que estime pertinentes.

ARTÍCULO 41. Cuando un niño fuese aprehendido, deberá darse aviso inmediatamente a sus padres, tutores o responsables, al Agente Fiscal, al Defensor Oficial y al Juez de Garantías, indicando el motivo de la aprehensión, el lugar donde se encuentre y el sitio donde será conducido. Toda limitación de la libertad impuesta a un niño, cualquiera fuere la causa, deberá ser informada inmediatamente a los padres, tutores o responsables y al Defensor Oficial, indicando el motivo, el lugar donde se encuentre y el sitio donde será conducido.

Durante la permanencia del niño en dependencias policiales deberán extremarse los recaudos para el resguardo de su integridad física y psicológica. En ningún caso podrá ser alojado junto a mayores.

El incumplimiento de los preceptos anteriores será considerado falta grave.

A pedido del Agente Fiscal el Juez de Garantías del Joven podrá librar orden de detención en los términos del artículo 151 del Código de Procedimiento Penal, en el plazo de veinte (20) horas desde el momento de la aprehensión.

ARTÍCULO 43. En causas graves, el Agente Fiscal podrá requerir al Juez de Garantías para que, dentro del plazo de cinco (5) días desde la detención, se fije una audiencia oral para decidir la procedencia o no de la prisión preventiva. El plazo anterior podrá prorrogarse por igual término, cuando resultare insuficiente para realizar las medidas probatorias que el Agente Fiscal estime pertinentes.

Al Juez podrá decretar excepcionalmente la prisión preventiva de un niño al finalizar la audiencia, a requerimiento del Agente Fiscal, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

1. Que existan indicios vehementes de la existencia del hecho y motivos suficientes para sospechar que el niño ha participado en su comisión.

2. Que haya motivos para suponer que el niño pueda evadir la justicia o entorpecer la investigación.

3. Que se haya recibido declaración al imputado o se hubiera negado a prestarla.

4. Que no sea posible aplicar otra medida cautelar no privativa de la libertad. En ningún caso procederá la prisión preventiva cuando el delito imputado tenga una pena en expectativa susceptible de ejecución condicional, conforme a lo previsto al artículo 26 del Código Penal.

La prisión preventiva no podrá exceder de ciento ochenta (180) días. Transcurrido este plazo, si no se hubiere realizado el juicio, el niño será puesto en libertad sin más trámite por el Juez de la causa, sin necesidad de requerimiento fiscal o de la defensa. Si por la complejidad de los hechos investigados o la pluralidad de presuntos autores el plazo establecido resultare insuficiente, el Juez podrá prorrogarlo, a requisitoria del Fiscal en forma motivada, por un plazo razonable que no podrá exceder ciento ochenta (180) días.

Vencido el mismo, será puesto en libertad sin más trámite.

El Defensor del niño imputado podrá plantear cada tres meses la revisión de la medida dispuesta por el Juez de Garantías.

Bajo pena de nulidad, la decisión sobre la prisión preventiva, su prórroga y cese serán resueltas en audiencia oral con la presencia obligatoria del niño, su Defensor y el Agente Fiscal. En esta audiencia se discutirán y tomarán, además, todas las decisiones alternativas que pongan fin a la etapa preliminar o al proceso, en especial, la suspensión del juicio a prueba, el archivo, el juicio abreviado, el juicio directísimo, el sobreseimiento o la mediación del conflicto.

ARTICULO 56. Concluido el debate, el Juez o en su caso el Tribunal de la Responsabilidad Penal Juvenil, con base en los hechos probados, en la existencia del hecho, en su tipicidad, en la autoría o participación del niño, en la existencia o inexistencia de causales eximentes de responsabilidad, en las circunstancias y gravedad del hecho, y en el grado de responsabilidad, por auto fundado, resolverá:

1.  Declarar absuelto al niño, dejando sin efecto la medida provisional impuesta y archivar definitivamente el expediente.

2.  Declarar penalmente responsable al niño, fijar la pena correspondiente y aplicarle una o varias de las medidas judiciales previstas en el artículo 68 de esta Ley, con determinación específica de cada una de ellas, su duración, finalidad y las condiciones en que deben ser cumplidas. Cuando no concurran los requisitos previstos en la legislación de fondo para la imposición de pena, deberá establecer la sanción en expectativa.

La resolución se notificará a las partes personalmente o por cédula.

ARTICULO 61. Contra las resoluciones del artículo 56 de esta Ley procederá un recurso de apelación contra el fallo, bajo las formas y plazos establecidos en el Título III Libro IV de la Ley Nº 11.922 - Código Procesal Penal- y modificatorias, en cuanto no se opongan a las disposiciones del presente. Serán competentes para entender en este recurso las Salas especializadas de las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal establecidas en el artículo 26 de la presente Ley. La decisión que se dicte a consecuencia de este recurso, será considerada sentencia definitiva a los efectos de la interposición de los recursos extraordinarios ante la Suprema Corte de Justicia.

ARTICULO 62. El Ministerio Público Fiscal y el particular damnificado sólo podrán recurrir:

1. El sobreseimiento.

2. El veredicto o la sentencia absolutorios.

3.    En los supuestos de los artículos 448 y 449 del Código Procesal Penal.

ARTICULO 66. Cuando en hechos criminales o correccionales se encuentren imputados conjuntamente niños y mayores, o hubiere delitos conexos, el Fiscal del Joven practicará la Investigación Penal Preparatoria, comunicando su intervención al Juez de Garantías del Joven y poniendo desde el primer momento a los detenidos a su disposición. Cuando la complejidad del caso lo justifique, podrá requerir del Fiscal General la asignación de un Fiscal no especializado, que tome a su cargo la persecución penal con relación a los coimputados mayores, con la intervención del Juzgado de Garantías competente.

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Las disposiciones de la Ley 13.634 (sancionada el 28-12-2006) referidas al proceso de la Responsabilidad Penal Juvenil comenzaron a regir en el año 2008 (con motivo de las prórrogas dispuestas por las Leyes 13.645 y 13.797).

Esta norma asumió las críticas doctrinarias y jurisprudenciales dirigidas al anterior sistema (previsto en el Decreto-Ley 10.067/83), y consecuentemente, estableció un proceso penal acusatorio que otorga al niño imputado todos los derechos y garantías reconocidos a los mayores, más un plus de garantías especiales en función de su particular etapa de desarrollo.

Sin embargo, el tiempo de vigencia que lleva esta ley ha permitido advertir, por un lado, algunos aspectos estructurales del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil que requieren de modificación a los fines de seguir los lineamientos trazados en los compromisos internacionales suscritos por el Estado Nacional, y por otro, cuestiones puntuales de las normas procedimentales que presentan serias dificultades en su aplicación.

A ello se suma el problema que suponen las limitaciones a la libertad de personas menores de edad en función de otras disposiciones legales distintas de esta ley, que  conforman la denominada “cifra negra”, ya que no existe registro de las mismas por parte de los órganos judiciales específicos, al tiempo que carecen del debido contralor.

Finalmente, se han observado errores u omisiones en determinados preceptos de la Ley 13.634 que corresponde subsanar, con el agregado, en algunos casos, de ciertas previsiones orientadas a mejorarlos.

En ese marco, particularmente se propicia en primer lugar, la creación de Salas especializadas en las Cámaras de Apelación y Garantías, así como de Juzgados de Garantías del Joven en aquellos Departamentos Judiciales que aún carecen de estos órganos.

Al respecto, debe tenerse en consideración lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en su art. 40, apartado 3, que establece:

“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes…”.

Asimismo, debe remarcarse la importancia de que la instancia revisora de las decisiones dictadas durante el proceso penal juvenil esté conformada por Salas especializadas. En este sentido, es preciso tener en cuenta el importante rol que se otorga a las Cámaras de Apelación y Garantías en el procedimiento regulado en esta ley, ya que conforman el mecanismo revisor tanto de las decisiones de la Investigación Penal Preparatoria como del fallo que pone fin a la etapa del juicio. Y por tanto, es a través de la intervención de dicho órgano que se da cumplimiento a la garantía del “doble conforme”, reconocida en los instrumentos internacionales incorporados al plexo constitucional, entre ellos, la CDN (también en la CADH, art. 8, 2, h; y en el PIDCP, art. 14, 5). En concreto, esta última prevé lo siguiente en relación al niño imputado:

“Si se considerase que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley” (CDN, art. 40, apartado V).

En consecuencia, atento la relevancia de dicho rol, opinamos que las Salas que intervengan en el trámite de esos recursos deben ser especializadas en la materia.

Por otra parte, cabe señalar que los tiempos del proceso penal juvenil son más restringidos que los del proceso de mayores. Es por ello que la demora en resolver los recursos interpuestos durante la Investigación Penal Preparatoria por parte de las Cámaras de Apelación y Garantías supone un serio problema, especialmente, en aquellas causas en las que existen imputados en prisión preventiva. Nótese que la duración de esta última en el proceso penal juvenil no puede exceder de 180 días, prorrogables por un plazo razonable no superior a dicho lapso de tiempo (en casos complejos o con pluralidad de imputados) ; y que dicho término es “fatal”, lo que implica que una vez vencido, el imputado debe ser puesto en libertad sin más trámite (art. 43, 3º y 4º párr.).

Por lo demás, respecto de la duración del trámite de los recursos planteados contra el fallo del art. 56 (etapa de juicio), debe considerarse la exigencia prevista en la CDN de que la causa sea dirimida “sin demora” (CDN, art. 40.2, inc. b, III). No obstante ello, actualmente se aplica el plazo de 6 meses y la prórroga por igual término, previstos en el art. 441 del Código Procesal Penal.

En conclusión, creemos que el trámite de los recursos del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil debe tener una duración máxima que sea acorde con los tiempos más restringidos de este proceso (se sugiere el plazo de 6 meses improrrogables), y que la posibilidad de hacer efectiva una exigencia en tal sentido se halla estrechamente vinculada con la creación de Salas especializadas.

La siguiente modificación que se propicia apunta a lograr el registro y control, por parte del Ministerio Público de la Defensa, de las limitaciones a la libertad impuestas a menores de edad en función del Código de Faltas (Decreto Ley 8031/73 y modificatorias) y de la Ley 13.482, sobre las que no existe la obligación de dar aviso a los órganos del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil.

Sobre el particular, entendemos que el deber de informar inmediatamente al Defensor Oficial, como a los padres o responsables del niño, asignado al personal policial , permitirá eliminar sustancialmente la denominada “cifra negra” de las detenciones, y con ello, situaciones que pueden conducir a abusos y malos tratos.

En suma, el control que hoy se limita a las aprehensiones (causas penales), se extiende a toda limitación de la libertad impuesta a un niño, ya que el Defensor podrá verificar las condiciones en que se desarrolla, y en caso de detectar irregularidades, efectuar los reclamos pertinentes ante la autoridad policial o interponer las acciones judiciales tendientes a evitar posibles abusos.

Asimismo, resulta oportuno establecer en forma expresa el deber de extremar los recaudos para el resguardo de la integridad física y psicológica del niño durante su permanencia en dependencias policiales.

Por último, aún cuando se derive de la CDN (art. 37, inc. c ), del sentido de otras disposiciones internacionales y de la propia ley (aunque estas últimas se refieren a niños sometidos a proceso penal o condenados) , se agrega la prohibición de que los niños puedan ser alojados junto a mayores, a los fines de ofrecer una regulación clara y completa en este precepto.

Finalmente, a los fines de asegurar el cumplimiento de las obligaciones aludidas, se prevé la sanción de falta grave.

Por otra parte, la aplicación de esta ley durante el tiempo que lleva vigente ha dado cuenta de que algunos plazos fijados en la norma resultan críticos y crean serias dificultades a los Fiscales y Juzgados de Garantías del Joven.

En primer lugar, nos referimos al plazo de doce (12) horas, a partir de que el niño hubiera sido aprehendido, para que el Fiscal del Joven solicite su detención (art. 41).

Se trata de un plazo único que abarca la actuación de la fuerza policial y de tres sujetos procesales distintos (Agente Fiscal, Defensor y Juez de Garantía). Dentro de ese margen de tiempo, tienen lugar los traslados, la intervención del cuerpo médico, el libramiento de las notificaciones del caso y la instrucción del sumario por la Policía, lo que implica tomar declaración a los testigos y a la víctima, recabar otras pruebas, efectuar el informe de visu del arma (para determinar si es apta para disparar), etc.. Acto seguido, las actuaciones son remitidas a la Fiscalía, que debe evaluar esos elementos para decidir si solicitará o no la conversión de la aprehensión en detención. Finalmente, son giradas al Juzgado de Garantías del Joven para que resuelva la situación del justiciable.

Para dar un ejemplo concreto, si el niño fuese aprehendido a las 17:00 hs., el plazo para disponer la detención vencería a las 5:00 hs. del día siguiente.

En conclusión, el cúmulo de diligencias a realizar dentro del término fijado en la ley lo convierten en un plazo exiguo y muchas veces impracticable. A ello se suma que la excesiva urgencia y la presión con que deben trabajar los distintos actores del sistema resultan contraproducentes para el justiciable, contrariamente a la finalidad perseguida en la norma.

En función de ello, se propone modificar el plazo en cuestión, fijando un término de 20 hs., que resulta más coherente con la actividad que debe desarrollarse previo a decidir si procede o no la detención del niño aprehendido.

Resta señalar que el término propuesto es considerablemente inferior al establecido por el código de procedimiento respecto de los imputados mayores, donde se prevé que el Agente Fiscal puede solicitar la detención dentro de las 48 hs. de informada la aprehensión (art. 284 ter, texto según Ley 13.943).

El otro plazo también crítico es el término de cinco (5) días previsto para que el Fiscal del Joven solicite la conversión de la detención en prisión preventiva (art. 43), toda vez que resulta insuficiente para que el Ministerio Público pueda producir prueba tendiente a fundar tal petición. En concreto, lo exiguo del plazo lleva a que los Fiscales requieran la prisión preventiva con los mismos elementos con los que fundaron el pedido de detención. Nótese, por ejemplo, que dicho plazo es insuficiente para obtener el resultado de la pericia balística, recibirle declaración a los testigos que declararon previamente en sede policial,  fijar fecha para un reconocimiento en rueda, etc..

Por otra parte, es oportuno mencionar que la situación descrita se presenta exclusivamente en las causas graves (delitos indicados en el art. 27 de la ley), puesto que la prisión preventiva sólo procede en esos casos (Cfr. art. 43).

Es por ello que se considera conveniente introducir la posibilidad de una prórroga por el mismo término, a los fines de que puedan cumplimentarse las medidas que el Fiscal especializado estime necesarias.

Otra de las normas que ha presentado dificultades en su aplicación es la que fija la competencia en las causas seguidas a mayores y menores de edad (art. 66). Sobre el particular, la ley prevé como regla general que corresponde instruir la investigación al Fiscal del Joven, pero al mismo establece que deben intervenir el Juzgado de Garantías del Joven y el Juzgado de Garantías no especializado (art. 66 ).

Al respecto, se ha observado que la intervención conjunta de los dos órganos judiciales presenta serias dificultades prácticas. Por ejemplo, por no coincidir respecto de la calificación legal del hecho o a causa de criterios encontrados en torno a la validez de determinados actos (nulidad).

En consecuencia, a fines de salvar tales inconvenientes, se propone reformular esa regla, dando intervención exclusivamente al Juez de Garantías del Joven. Y establecer como excepción, frente a casos complejos, la posibilidad de remitir la investigación respecto de los imputados mayores al Fiscal natural, supuesto en que intervendrá el Juez de Garantías no especializado.

En suma, como regla general, se otorga competencia plena al Fiscal y al Juez de Garantías del Joven, en atención a la especialidad del Fuero, con la excepción prevista para las investigaciones complejas, en las que intervendrán paralelamente el Agente Fiscal y el órgano judicial no especializados.

Por otra parte, se propugna modificar el art. 56 de la ley, que regula el dictado del fallo por parte del Juez o Tribunal de la Responsabilidad Penal Juvenil. Esta norma prevé como posibles alternativas absolver al joven o declararlo penalmente responsable. En este último supuesto, la legislación de fondo exige, como requisitos necesarios para la imposición de la pena, que el imputado haya cumplido 18 años de edad y haya sido sometido a un tratamiento tutelar no inferior a un (1) año (art. 4, Ley 22.278).

En consecuencia, la decisión sobre la aplicación o no de una pena, así como la graduación de la misma, queda suspendida en la mayoría de los casos hasta tanto se encuentren reunidos los presupuestos de la edad mínima y el año de tratamiento tutelar.

Sobre el particular, y al margen de las condiciones exigidas por la ley sustantiva, se observa que la emisión de un veredicto condenatorio sin establecer la pena aplicable, suele causar desconcierto en la víctima y en sus familiares, y al mismo tiempo, priva al justiciable de un marco de referencia concreto en cuanto al reproche que ha merecido su actuación, sometiéndolo a la incertidumbre de desconocer cuál es la sanción que podría caberle una vez alcanzada la mayoría de edad y cumplido el período de tratamiento.

Es en razón de tales circunstancias que se propicia modificar la norma de referencia, estipulando que en caso de que el justiciable sea declarado culpable, sin que concurran los requisitos exigidos por la ley de fondo para imponerle la sanción, el fallo deba establecer cuál es la pena en expectativa.

Por lo demás, el temperamento propuesto se adecua plenamente al principio de continuidad receptado en el art. 2 de la ley. En este sentido, advertimos que el momento propicio para fijar la medida del reproche, estableciendo el tipo de sanción aplicable y su graduación, es al finalizar la audiencia de debate, inmediatamente después de examinar cuestiones tales como la existencia del hecho, su tipicidad, la intervención que tuvo el joven, las circunstancias y gravedad del hecho, y el grado de responsabilidad que le corresponda. Extremos estos que son analizados previo a declararlo absuelto o penalmente responsable.

Finalmente, se propician algunas modificaciones tendientes a subsanar errores u omisiones que se observan en la redacción de la ley. En este sentido, se propone incluir en el artículo 26, que regula la competencia de las Cámaras de Apelación y Garantías (Salas especializadas, conforme este proyecto), el recurso de apelación contra las decisiones dictadas en la etapa de ejecución de la pena (Cfr. art. 30 de la ley). Asimismo, en el art. 61, que alude al recurso contra el fallo del Juez o Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil (Cfr. art. 56), se suprime la referencia a la posibilidad de impugnar “las sentencias del artículo 57”, toda vez que este último se refiere al cese de las medidas cautelares, que no es una decisión autónoma sino una consecuencia del auto que pone fin al juicio. Por último, respecto del art. 62, que prevé los supuestos en que el Ministerio Público Fiscal y el particular damnificado pueden recurrir el fallo, se propugna incluir al veredicto o la sentencia absolutorios.

Es por todo lo expuesto que se solicita la aprobación del presente Proyecto de Ley.

 

 

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